El gobierno de México trasladó a 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el acto como una "decisión soberana" ante la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, enfatizando que se prioriza la seguridad nacional[citation:1][citation:4][citation:7].
El presidente Donald Trump declaró que su gobierno iniciaría ataques terrestres contra los cárteles de la droga, argumentando que estas organizaciones "controlan México". Esta postura ha generado un aumento en la tensión bilateral[citation:7].
La Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU emitió una alerta vigente hasta el 17 de marzo, advirtiendo a aerolíneas sobre posibles actividades militares e interferencias en sistemas de navegación en el espacio aéreo de México y Centroamérica[citation:8].
Entre los 37 trasladados se encuentra Pedro Inzunza Noriega, primer acusado de narcoterrorismo por EEUU, y Armando Gómez "Delta 1", un alto mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Con esta entrega, suman 92 presos enviados durante el gobierno actual[citation:10].